El Gobierno tiene dos meses para aprobar el impuesto al diésel y recibir de manera íntegra el quinto pago del Plan de Recuperación, que asciende a 25.000 millones entre ayudas directas y préstamos. Si no lo hace, el Ejecutivo percibirá un pago parcial, algo que ya ocurrió con el cuarto abono, y la parte a descontar se restaría de las transferencias, que ascienden a algo menos de 9.000 millones en términos netos.
Es complicado calcular cuál sería el impacto, y tanto desde el Ejecutivo como desde Bruselas evitan hacer una estimación. Pero, en cualquier caso, el Gobierno defiende que todavía hay tiempo y, aunque ahora mismo no tiene los apoyos necesarios para tramitar el incremento del impuesto que grava el diésel, insiste en que lo aprobará antes o después del próximo 21 de marzo.
"Avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible", ha expuesto este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Ecofin en el que se ha aprobado los cambios en el Plan de Recuperación español, incluyendo el mencionado incremento en la fiscalidad del diésel. "Seguimos trabajando con un horizonte asociado precisamente a la aprobación del quinto desembolso para, como hemos hecho en otras ocasiones, sacar ambos elementos adelante: tanto el elemento de política doméstica como también la valoración sobre el quinto desembolso", ha añadido.
La aprobación, sin embargo, se antoja complicada ya que Podemos ha mostrado públicamente su negativa a apoyar este impuesto si a su vez no se tramita el de las energéticas, figura a la que se oponen Junts y PNV. Y todo ello coincide con la probable caída de la extensión del impuesto a las energéticas en el pleno de mañana.
En caso de que no consiga aprobarlo antes del 21 de marzo, el Gobierno puede ir pidiendo prórrogas de un mes hasta que lo saque adelante. En ese momento, Europa desbloquearía la parte proporcional aplazada.
"Estrictamente empresarial"
El ministro de Economía también ha sido preguntado por el relevo en la presidencia de Telefónica y, una vez más, ha insistido en que se debe a motivos "estrictamente empresariales". Esta afirmación choca con el hecho de que la decisión se tomase directamente en Moncloa, o con imágenes como la de María Jesús Montero dando su primer mitin como secretaria general del PSOE de Andalucía y exponiendo, como sucedió el pasado domingo, que el cambio "ya tocaba".
"Es una decisión que toman los accionistas mayoritarios y tiene que ver exclusivamente con este componente estratégico, con una persona que creemos que va a ser la persona capaz de darle la dimensión adecuada en este nuevo contexto", ha incidido.